“A todas luces ha sido un regalo a una empresa privada”, aseguran ambas formaciones en un comunicado conjunto. Denuncian que la empresa tiene que abonar un canon de 1,7 millones de euros “no desembolsado aún” para un periodo de concesión de 50 años. “Tocan cada año a 34.000 euros para una obra considerada un patrimonio municipal que ha sido levantada sobre suelo público y financiada a costa del erario público”. Ambas formaciones consideran que todo el proceso de adjudicación ha acumulado suficientes irregularidades como para justificar la apertura de una investigación.