En el manifiesto de esta convocatoria, los sindicatos señalan que con el Decreto del Gobierno central, se han “incumplido” los Acuerdos de Diálogo Social de la Función Pública firmados en septiembre de 2009 y ha “abandonado” políticas sociales comprometidas electoralmente.

Será un paro de 24 horas al que están llamados a participar todos los trabajadores del sector público, no sólo de ayuntamientos, sino de todos los organismos dependientes de la Administración regional. “Empleados públicos son también bomberos, médicos, los trabajadores de residencias… no sólo los funcionarios que están en una ventanilla repartiendo números”, recuerda el secretario general de UGT en la zona Oeste de Madrid, Tomás Martín-Moyano.

Tanto el representante de UGT en el Oeste como su homólogo en CC.OO., Julio Suárez, han coincidido en que el objetivo último es denunciar que “siempre pagan los mismos”, en palabras de Julio Suárez. “A un trabajador que cobre 800-900 euros, que le rebajen 50 euros su sueldo es mucho. Y hay muchísimos funcionarios que cobran esa cantidad”, recuerda el secretario general en la zona Oeste de CC.OO., quien además, asegura que la rebaja de los sueldos a los trabajadores públicos sienta un mal precedente. “La gente se cree que sólo van a ser los funcionarios, pero esto va a afectar a todos los sectores laborales”.
“Estamos totalmente en contra de que los empleados públicos paguemos, con el 5 por ciento de nuestro sueldo, unas medidas que no son las más idóneas. Ha habido épocas de bonanza en las que a los empleados públicos se nos ha congelado o recortado el salario y ahora que estamos en periodo de crisis, nos rebajan el sueldo”, asegura Tomás Martín-Moyano. “Los trabajadores no somos los que hemos creado la crisis. Que le pregunten a los bancos y a los grandes especuladores”.

En lo que también coinciden es que este paro general en el sector público podría acabar desembocando en una convocatoria de huelga general si, como parece, la reforma laboral no se hace por consenso. “Parece inevitable, si se hace por Decreto y no se articula un acuerdo entre Patronal y sindicatos” asegura Martín-Moyano.

Servicios mínimos
En la mayor parte de los ayuntamientos del Noroeste el establecimiento de los servicios mínimos se ha hecho garantizando la presencia al menos del mismo número de trabajadores que desempeñan su trabajo en una jornada festiva. Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Collado Villalba se mantendrán como mínimo dos personas en el departamento de Atención al Ciudadano de la Casa Consistorial, en horario de atención al público de 9.30 a 13.30 horas. En Galapagar ya han adelantado que, además de mantener operativo el servicio de Atención y Registro en el Ayuntamiento, habrá al menos un conserje en cada uno de los colegios públicos y edificios municipales, como el centro cultural La Pocilla.

El establecimiento de los servicios mínimos ha sido motivo de polémica entre administraciones públicas y sindicatos en los últimos días. Según Julio Suárez, se ha optado por la vía del Decreto “en vez de sentarse a negociar con los sindicatos los servicios mínimos, que para eso están la representaciones sindicales”. Tomás Martín-Moyano, por su parte, asegura que desde UGT están “totalmente en contra” de que esta decisión nos se adopte de forma conjunta con los sindicatos. “Consideramos que hay que hacer unos servicios mínimos acordes a un día de huelga, es un derecho. No son reales, ponen muchas trabas, quieren que el seguimiento no sea muy alto”.

En los colegios públicos

Los centros educativos tendrán que permanecer abiertos y, si bien las clases pueden verse afectadas por los trabajadores que sigan la huelga, las familias tendrán garantizada la atención de sus hijos dentro de los colegios públicos e institutos, los centros sostenidos con fondos públicos. Los servicios mínimos, según han explicado desde el Gobierno regional, incluyen la presencia del director del centro, del jefe de estudios (o secretario), de un auxiliar de control e información y de un diplomado universitario en Enfermería (sólo en los centros donde exista este personal por haber alumnos con necesidades sanitarias). En los centros que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, por su parte, deberá estar presente el 35 por ciento del personal docente de apoyo; en las casas de niños, además del director, un profesor; y en las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid, el director, el 25 por ciento de la plantilla docente, un trabajador en cocina y un auxiliar de hostelería.