Beteta asistió a la Comisión Mixta de Transferencias para defender a la Comunidad de Madrid, donde planteó al Estado que se abonen 14.783 millones de euros de la deuda contraída con la región por la no actualización de la población en el nuevo modelo de financiación autonómica y el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad.

Según Beteta, la Administración central entiende que estas cantidades “no son susceptibles de ser reclamadas, con excepción de 200 millones de euros de una sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno”. El Supremo dio la razón a Madrid en la reclamación que presentó en 2004 por los gastos que se le adeudaban como consecuencia de la prestación de la asistencia sanitaria a sus trabajadores.