No lo decimos nosotros. Lo dicen los ayuntamientos que han visto cómo, precisamente cuando más achuchados andan por la crisis económica, el ministro de Economía, Pedro Solbes, anuncia una posible reducción de los ingresos estatales que se transfieren a las haciendas locales. Es evidente la preocupación que estas afirmaciones han generado entre los resposables de las administraciones locales, que sin mucho margen para actuar se encuentran ahora con una reducción considerable de sus ingresos y presionados para mantener la calidad y cantidad de los servicios que prestan a los ciudadanos. Para colmo, tienen que lidiar con lo que se denomina “competencias impropias”, es decir, esos servicios que prestan los ayuntamientos aunque no les corresponde, competencialmente, a ellos.

No parece una buena idea que, precisamente ahora, se le reduzcan las aportaciones a las que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Por si fuera poco, las comunidades autónomas andan también enfrascadas en su propio tira y afloja con el Estado por la financiación autonómica. Así que no están estas fechas, precisamente, para hacer planes porque parece que nadie sabe muy bien cuándo van a conocer de cuánto dispondrán el próximo año. Aunque el Gobierno central, tradicionalmente, no sea precisamente un pagador puntual.

Aún quedan pendidientes las aportaciones dinerarias que tiene que hacer el Estado tanto a Ayuntamientos como a Comunidades correspondientes a años anteriores, que a ambas administraciones les son necesarias. También pendientes quedan por abordar temas que se demoran en el tiempo, como son las segundas descentralizaciones, por un lado del Estado a las autonomías y, por otro, de éstas últimas a las locales.

Parece el cuento de nunca acabar y mientras, los ciudadanos miran al bolsillo y al horizonte para ver si esto no va a conllevar, amén de la crisis económica por la que se está pasando, una subida de impuestos para cubrir todas estas carencias. Al final siempre acaban pagando los mismos.