Un empresario local asegura haber realizado varios pagos a la regidora, 120.000 euros en total entre 2004 y 2005, a cambio de que se tramitase la licencia para la construcción de viviendas en la calle de El Potro de Cerceda e incluso aporta como prueba dos grabaciones. La alcaldesa, por su parte, ha negado estos hechos y ya en su momento achacó a intereses “electoralistas” esta denuncia, que se presentó cinco días antes de las elecciones de 2007.

Aunque el auto del Juzgado, en el que el juez determina que existen indicios suficientes de criminalidad y ordena incoar el procedimiento para el juicio ante un tribunal está fechado en el mes de julio del año pasado, el asunto se ha dado a conocer ahora y los grupos de la oposición se han apresurado a exigir explicaciones a Díaz.
“Es un hecho muy grave que una jueza haya encontrado indicios para imputar a una alcaldesa en un presunto caso de cohecho”, asegura José Ángel Guerrero, portavoz de IU, formación política que, junto a Alternativa Ciudadana, el PSOE y Soy Vecino, ha solicitado que se cree una Comisión de Investigación “en la que podamos contar con el punto de vista sobre este asunto de los concejales que en su día formaban parte de la Corporación municipal y del arquitecto que estaba entonces en el Ayuntamiento. Pero en su lugar, Carmen Díaz, nos ha invitado a participar este viernes en una Junta de Gobierno en la que al parecer se nos va a dar información sobre el expediente urbanístico concreto que es la causa de esta denuncia”.

Una propuesta del PP que no ha tenido aceptación por parte de la oposición. “No es lo que hemos solicitado ni es el sitio para tratar ese asunto y así se lo hemos transmitido por escrito en un documento que hemos pasado por Registro IU y Soy Vecino”. Desde la coalición de izquierdas insisten en que es necesario solicitar en Pleno que se investiguen los hechos, “para saber si el equipo de Gobierno está por ser transparente y darnos información sobre todo este asunto, que creemos que es importante”.

Todavía no se ha decidido qué hará su partido en caso de que no reciban las explicaciones oportunas sobre los hechos denunciados. En un principio incluso se habló de la posibilidad de que la oposición se personara como acusación popular en el juicio, aunque según José Ángel Guerrero, “aún es algo que tenemos que valorar”.

Tampoco a Soy Vecino le vale con la oferta de analizar en una Junta de Gobierno la documentación relativa al expediente sobre los terrenos de la calle El Potro de Cerceda. Su portavoz, Carmen Bello, le ha recordado al Ejecutivo que “a esos expedientes, como concejales, ya tenemos acceso”, recuerda. “Nos parece que es una forma de no darnos la información y de escaquear un poco la responsabilidad, de tirar balones fuera”.

Bello también defiende que lo que se debe hacer es crear una Comisión de Investigación para analizar el asunto “desde el punto de vista del Ayuntamiento, nunca judicialmente, en todo lo que afecta a permisos, tramitación... con las personas que han participado en esos expedientes, concejales, servicios técnicos, por ejemplo, para ver la actuación del Ayuntamiento, no sólo la alcaldesa, en este asunto. Como concejales creemos que es una respuesta que tenemos que dar a los ciudadanos”.

La portavoz de Soy Vecino asegura que la noticia sobre la imputación de la regidora “alarma a los vecinos y genera una desconfianza hacia los estamentos municipales y concretamente hacia la alcaldesa y su equipo de Gobierno”. Además, asegura que la actitud del Ejecutivo durante la legislatura no ayuda en nada a generar confianza. “Siempre ha gobernado de una forma autoritaria, sin transparencia”, concluye.